Por cuestionar quién sería el responsable del robo al interior del DIF La Paz, el periodista Diego Soto Granados fue declaró enemigo público del XVI Ayuntamiento de La Paz.

Hace un par de días, Soto Granados cuestionó quién sería el responsable del robo de dinero de la caja fuerte del DIF La Paz: la presidente horaria, Rosa Armida Cordero Esparza o el recién nombrado director de la dicha institución, Marco Antonio Pérez Márquez, esto derivado del grado de responsabilidad en dicha institución.

Esta fue la publicación que hizo enojar al grupo cercano a Rubén Gregorio Muñoz Álvarez. Esta es la razón por la cual se inició una campaña de desprestigio contra el periodista, para tratar de minimizar estos señalamientos

Los primeros ataques contra el periodista llegaron de cuentas en Facebook falsas, las conocidas como bots. Ellos acusaron al Soto Granados de pedir 80 mil pesos al alcalde con tal de detener tal flujo de información, algo que es falso.

El periodista reaccionó ante los ataques en redes sociales dejando en evidencia el grupo de operadores digitales del alcalde en Facebook y Twitter.

Sin embargo, no sólo el periodista ha cuestionado el robo al interior del DIF La Paz. El regidor José María Avilés Castro -de Morena– calificó como «desafortunada coincidencia» el robo al interior del DIF La Paz justamente cuando había pedido un informe financiero, esto según una nota del periódico El Independiente.

Todos los allegados al alcalde y la presidente honoraria del DIF La Paz ha tratado de minimizar las publicaciones de Soto Granados, a tal grado que le han inventando el supuesto cobro por su silencio, como las amenazas de la contralora, María Azucena Meza Gómez.

Azucena Meza es contralora del Ayuntamiento de La Paz violando una de las promesas de compaña del alcalde: que el titular de dicha área sea emanado de una propuesta ciudadana

Como es evidente, la funcionaria municipal utiliza su cargo para sembrar el miedo ante los medios de comunicación, como intentó hacerlo en esta ocasión al referir que, el periodista en cuestión, en alguna ocasión acudió al Ayuntamiento a negociar un contrato publicitario.

Mientras que la contralora municipal trata de satanizar que los representantes de los medios de comunicación mantengan un contrato de publicidad con instituciones públicas, salió a la luz pública el contrato que ella firmó con el Ayuntamiento de Los Cabos, cuando Arturo de la Rosa Escalante era alcalde y ella una periodista.

El anterior contrato demuestra que, con fecha de 2018, la hoy contralora de La Paz cobraba como periodista a meses de cambiar su piel a política de la cuarta transformación.

El que escupe al cielo, el cae el gargajo…

Del responsable del robo aún no se sabe nada.

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