Derogarán ley de participación ciudadana para crear una nueva
La Paz, Baja California Sur.- Como parte de las actividades de socialización de la nueva Ley de Participación Ciudadana que promueve el diputado panista Alejandro Blanco Hernández, estuvo en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) el maestro Pablo César Lezama Barreda, consejero electoral y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien ofreció ejemplos del funcionamiento de esta ley en la capital del país, a partir de la consulta ciudadana realizada en torno a la construcción o no del “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa” y la consulta sobre “Presupuesto Participativo”.
Al evento acudieron dirigentes de distintos partidos políticos, legisladores de diversas corrientes y autoridades del propio IEE y del Tribunal Estatal Electoral (Triee), quienes aportaron dudas y comentarios acerca de la efectividad de la ley, así como de las necesidades que aún presenta en Ciudad de México. Ante esto, Lezama Barreda recordó que la Ley de Participación Ciudadana capitalina data de 1996, con dos reformas desde entonces, la más reciente en 2014, y que su principal acierto es incentivar la construcción pública de comunidades, ciudades, estado y país, permitiendo a su vez que los conflictos sociales cuenten con cauces institucionales.
Pablo César Lezama Barreda, consejero electoral y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del DF
Sin embargo, evidenció, la participación ciudadana continúa siendo reducida, por lo que los procesos de consulta son aún relativamente costosos, pues se sirven de pocos ciudadanos, como en el caso del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, donde el presupuesto de la consulta fue de 90 millones de pesos y menos del 5 por ciento de los ciudadanos involucrados participaron, alrededor de 23,000, por lo que cada voto en dicha consulta tuvo un costo aproximado de 3,900 pesos, cifra que sería menor si el presupuesto es dividido entre un mayor número de participantes, por lo que una de las principales necesidades de la ley es contar con mayor difusión y estrategias legislativas que ofrezcan “un piso parejo” para los gobiernos y el pueblo, señaló el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Por su parte, el diputado Alejandro Blanco aseguró que derogar la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, decretada en el año 2000, para impulsar una nueva, no resulta más complicado ni menos conveniente que realizar una reforma a la actual, pues se trata de un proceso “sencillo”, dijo, “es solamente un transitorio, no es mayor trabajo ni tiempo extra”, y la ley del 2000 “es muy obsoleta”.
Diputado Alejandro Blanco Hernández, del PAN
“Lo que pasa es que la ley del 2000 es muy obsoleta en el estado, y aparte a nivel nacional los instrumentos que tiene la ley del año 2000 son solamente tres instrumentos, donde está el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana”, dijo el legislador albiazul, mientras que “esta una nueva ley trae ocho instrumentos más”, entre ellos consulta ciudadana, consulta presupuestal y audiencia pública.
“La triste realidad” es que hoy “hay un instrumento de la ley del año 2000 que se llama iniciativa ciudadana y el ciudadano puede meter iniciativas del ley al Congreso, firmadas por el punto trece por ciento del padrón electoral, y en dieciséis años sólo una ley ha sido de parte del ciudadano”, sostuvo Blanco Hernández, considerando que en su momento “la ley no se aprovechó”, situación que a su juicio no se trató de “falta de difusión” sino de letargo popular, dejó ver, pues “cuando te quieres involucrar”, observa, “ahí están las leyes, todas”, y no son utilizadas por la ciudadanía.
“Yo creo que ya es tiempo de la co-gobernanza social y que el ciudadano se involucre en las decisiones que pasan en su colonia, en su calle o en cualquier tema”, anotó el diputado impulsor de esta nueva ley, destacando que “el Ejecutivo está en las mesas de trabajo a partir de su asesor Adrián Espinoza”, lo que no resta cualidades a la misma, por el contrario, aseguró, la ha fortalecido.
“Él tiene maestría en participación social y, la verdad, ha enriquecido más la ley, y sobre todo ha abierto un instrumento más, que fue la consulta presupuestal ciudadana, ofreciendo otra herramienta al ciudadano para poder estar involucrado en las obras o en lo que se aplique el dinero público en su colonia, en su calle o en su ciudad”.
Cabe destacar que las mesas de trabajo y socialización de la Ley de Participación Social para el Estado de Baja California Sur están conformadas por asesores del Congreso del Estado, miembros del IEE, un asesor del Poder Ejecutivo y cinco representantes de 63 colonias paceñas.
