Familiares de detenidos en Comondú denuncian corrupción del TSJE
La Paz, Baja California.- Familiares de personas que permanecen detenidas inculpadas de diversos delitos, aunque sin sentencia, se manifestaron la tarde del 4 de octubre en el Congreso del Estado, exigiendo la intervención de los legisladores en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), institución que acusan de corrupción.
Las manifestantes, todos del municipio de Comondú y quienes decidieron ocultar su identidad por temor a represalias, acudieron al palacio legislativo portando seis expedientes judiciales, donde, en todos los casos, acusan al juez Ismael Ortega Lizardi, del Juzgado Primer, así como al magistrado presidente del TSJE, Daniel Gallo Rodríguez, de permitir la liberación de sus esposos y hermanos, a pesar de no contar con pruebas en su contra.
“No nos han escuchado, no nos han cumplido”, dijo la esposa de Marco Antonio Villicaña, quien junto a Erib Meza Murillo fue detenido tras ser acusado de despojo por norteamericanos, y aunque el TSJE “ya se excedió en el tiempo para dar la sentencia” han permanecido por cerca de un año encarcelados. “Lo acusan de despojo de su propio predio, tengo las escrituras, tengo todo, hicimos un peritaje y demostramos que el predio es de nosotros”.
También estuvo la esposa de José Guillermo Arípez Geraldo, probable responsable de robo con violencia y privación ilegal de la libertad, quien fue detenido, dice su pareja, “sin pruebas, sin testigos, sin nada”, desde hace ocho meses.
“Lo único que venimos a pedir es justicia, no pedimos más que justicia, que si tienen algo en contra de ellos, ya sea pruebas o testigos, pero que sean reales, si se comprueba, que los dejen adentro, pero si no que los saquen, o que los sentencien, pero en tiempo y forma”.
Los casos denunciados son variados, como el de Blanca “N”, quien ha gastado cinco años en un juicio testamentario y una anulación de matrimonio luego de que su esposo se casara con otra mujer mientras aún estaba casado con ella. El juez Ismael Ortega Lizardi le ha dicho que “ese expediente está muerto” y hoy sus hijos han perdido el derecho a los bienes que compartieran sus padres, los cuales se mantienen en posesión de los hijos políticos de la segunda pareja del ya fallecido. “Es un grado de corrupción entre el juez y el licenciado Gallo, que únicamente si uno paga dinero pasan los juicios, si no hay dinero nos quedamos al último”, repitió Blanca, solicitando ayuda al pleno legislativo, el cual, cabe destacar, prácticamente no se percató de su presencia.
