Gobierno de BCS envía reformas en materia de justicia al Congreso del Estado
La Paz, Baja California Sur.- El Gobierno de Baja California Sur (BCS) llevó a cabo oficialmente la Presentación de Iniciativas en Materia de Justicia que enviará al Congreso del Estado para la creación del Consejo de la Judicatura, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como lograr reformas al Código de Procedimientos Civiles en lo referente a ejecución de sentencias.
Carlos Amed Rochín Álvarez, jefe de la Oficina del Ejecutivo, explicó por un lado que, en lo que respecta al Consejo de la Judicatura, “se trata de una reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur”, ostentándose como “un órgano de apoyo y servicio al Poder Judicial”, encargado de administración, vigilancia y aspectos disciplinarios del mismo, permitiendo al pleno del tribunal concentrar su atención en impartir justicia.
El Consejo de la Judicatura estaría integrado por 5 miembros, presidido por un presidente, en este caso el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez; dos integrantes del Poder Judicial, pudiendo ser dos jueces o un juez y un secretario de acuerdos; un consejero ciudadano designado por el Congreso del Estado; y un consejero designado por el gobernador.
Sobre la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Rochín Álvarez destacó que ésta tiene como intención “modificar sustancialmente la manera en que los ciudadanos obtenemos justicia, pues corresponderá a los propios ciudadanos, con el auxilio de un tercero neutral, llamado especialista, para los efectos de esta ley, alcanzar un acuerdo, y no será como hoy ocurre, que acuden ante un juicio, ante una contienda dirigida por un juez que aplicará el derecho y les ordenará lo que deben de hacer u ordenará a quién asiste la razón, sino que sean los mismos ciudadanos, con el auxilio de este tercero especialista, quienes lleguen a un acuerdo que satisfaga el interés de ambas partes”.
En lo que compete a las reformas al Código de Procedimientos Civiles en Materia de Ejecución de Sentencias, el jefe de la Oficina del Ejecutivo precisó que el aspecto medular de la iniciativa se divide en dos vertientes, la primera de ellas adjudicar a los jueces la obligación “de que en todas las sentencias que emitan dispongan un plazo cierto e improrrogable para su cumplimiento”; la segunda, eliminar “todos los recursos que hoy por hoy pueden interponerse en contra de la ejecución de las sentencias”.
El gobernador Carlos Mendoza Davis y el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, signaron el envío de la iniciativa que deberá ser estudiada y votada por el Congreso del Estado para su aprobación o rechazo.
Durante su intervención, el mandatario estatal aseguró que con estas reformas se escribe “una nueva etapa” en la entidad, generando un ambiente propicio para “una sociedad moderna, madura”, apoyando la labor de los tribunales del estado al favorecer “una justicia pronta, completa e imparcial, sin distracciones de ninguna clase”.
Mendoza Davis sostuvo que el Consejo de la Judicatura será “un órgano especializado y profesional dentro del Poder Judicial para atender las tareas de administración, vigilancia y control disciplinario del quehacer jurisdiccional, que los jueces y los magistrados se dediquen en tiempo completo a lo que son expertos y a lo que es la naturaleza sustantiva de su función, impartir justicia, y que no tengan que distraer su tiempo y recursos”.
La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias fue impulsada a nivel federal por Carlos Mendoza durante su gestión como senador de la república, además de una promesa de campaña, y hoy se propone como una fórmula para “cambiar de manera trascendente la manera en que convivimos”, siendo “una herramienta viable para la resolución de conflictos de manera eficiente y efectiva”, en materia civil, familiar y mercantil. Con esta iniciativa, los convenios logrados mediante mediación, “adquirirán la fuerza de cosa juzgada”.
Finalmente, de las reformas al Código de Procedimientos Civiles en Materia de Ejecución de Sentencias, el gobernador subrayó que éstas ofrecerán “mayor agilidad a la parte final de un juicio, para quitarle las trabas a quien espera justicia, que lo que dicte un juez se cumpla en sus términos pero también en el menor tiempo posible”, pues “la gente se queja de que hay lentitud y rezago en la impartición de justicia”, señaló, reconociendo que “tienen razón”.
