TSJE atiende en La Paz casi 7 mil casos en materia familiar; inaugura Juzgado Cuarto
La Paz, Baja California Sur.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) inauguró el Cuarto Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar en La Paz, algo indispensable debido al crecimiento poblacional y la saturación de expedientes en el resto de los juzgados, según mostró la magistrada Martha Magdalena Ramírez Ramírez al momento de presentar públicamente el inmueble, ya en operaciones.
Martha Magdalena Ramírez recordó que de 1990 al 2000, La Paz creció a un ritmo del 2.9 por ciento, mientras que del 2000 al 2005 la tasa llegó al 3.4 por ciento anual, y en el periodo entre 2005 y 2010 alcanzó el 4.5 por ciento de incremento, “lo que hace insuficiente la capacidad instalada existente para atender de manera eficaz la demanda de los servicios jurisdiccionales que en materia familiar exige la población”, dijo.
Las “cargas de trabajo” actuales “materialmente imposibilitan el acceso a una justicia pronta”, sostuvo, al evidenciar que “para la celebración de las audiencias para el desahogo de pruebas se están programando fechas con tiempos superiores a los noventa días”, por lo que “los acuerdos de trámite se dictan en tiempos mayores a los que establece la ley”, provocando “inconformidad de justiciables y abogados postulantes”.
Hoy por hoy, el juzgado primero familiar del Partido Judicial de La Paz cuenta con 1,273 expedientes en trámite y 1,141 en archivo provisional, detalló la magistrada; mientras que el juzgado segundo presenta 1,620 expedientes en trámite y 1,644 en archivo provisional; y el tercero suma 891 casos en trámite y 345 en archivo provisional.
Por su parte, Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente del TSJE, calificó de “trascendente” la inauguración, pues los temas de familia merecen “especial atención y preocupación” del Poder Judicial de Baja California Sur (BCS), indicó, ya que además de tratarse de fibras sensibles de la sociedad, desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) “pareciera que no existe otra materia más que la penal, ya que los recursos económicos y materiales de los años recientes han estado concentrados en la implementación de este nuevo sistema, al igual que la atención de los medios masivos de comunicación”, cuando ésta “no es la única ni es la que genera mayor carga de trabajo”, afirmó, al precisar que la familiar es la materia que “mayor número de procedimientos judiciales” genera, tomando como “temas de controversia” divorcios, custodia de menores, pensiones alimenticias, matrimonios, registro de nacimiento, concubinato, adopciones, paternidad y más.
La inauguración del juzgado fue presidida por el gobernador Carlos Mendoza Davis, quien concedió que “dista de ser lo ideal estar abriendo nuevos juzgados, no sólo porque se incrementa el costo, sino también porque implica que se aumentó la litigiosidad y que no necesariamente la armonía está prevaleciendo en la sociedad sudcaliforniana”, sin embargo, reconoció, “hay veces en que no es la mejor solución, pero es la única, es la necesaria”, como ocurre con la apertura de la nueva sede del TSJE.
Mendoza Davis dijo que es necesario un cambio de cultura y “concebir de manera distinta la impartición de justicia en Baja California Sur, y la procuración”, ya que no puede continuarse en la dinámica de acumular más casos por la sencilla razón de que somos más ciudadanos, anotó, sino que se debe “pensar en métodos y medios más ágiles, menos formales, menos rigoristas, más rápidos, para dirimir nuestras controversias”, como la mediación y el arbitraje, para así “disminuir los niveles de frustración que puede llegar a causar la impartición de justicia”.
“Hemos adoptado una costumbre de agotar instancias”, dijo el mandatario estatal, pero los abogados deben “aprender a vivir con la justicia y saber dirimir hasta dónde es suficiente”, así como los justiciables deben entender también “que en toda controversia hay dos o más versiones del asunto y que no nos asiste en todos los casos toda la razón en todos los momentos”, lo que nos lleva a “ser sensibles, sensatos y razonables en el daño que podemos estarle generando a la sociedad, a la economía, al desarrollo, cuando caemos en excesos de litigiosidad”.
