La Ley de Asociaciones Público-Privadas para BCS “no se trata de privatizar los servicios”
La Paz, Baja California Sur.- El doctor Rodrigo Guerrero Rivas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Recursos Naturales de Baja California Sur (BCS), insiste en que la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ha propuesto el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado “de ninguna manera” tiene la intención de “privatizar los servicios”, como lo señalan los diputados de las izquierdas, sino que surge con la idea de ofrecer certeza jurídica a inversionistas y potencializar el desarrollo de la entidad.
En entrevista para El Informante Baja California Sur, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosa Delia Cota Montaño, aseguró que junto al Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha iniciado una campaña al interior y al exterior del Congreso del Estado para advertir acerca de la amenaza que significa esta ley, asegurando que intenta abrir la puerta del estado “a grandes capitales” para dejar de lado a empresarios locales, así como lograr la privatización de servicios como agua potable o la recolección de basura.
“Nosotros estamos alertando a la población, porque es una amenaza el que se pueda aprobar esa ley, porque esa ley abre a los grandes capitales, no a las empresas locales, y creo que están mal informando al Consejo Coordinador Empresarial, a estas agrupaciones que ven por el bien de los propios empresarios y de los sudcalifornianos, los están engañando porque se da la apertura a las grandes empresas para poder de alguna manera privatizar los servicios, como agua potable, servicios públicos”, señalaba Cota Montaño. “Además, el gobierno estaría obligado a generar toda la documentación, toda la papelería, si una empresa nacional o internacional quiere hacer un negocio con el gobierno, y si el gobierno no responde a la solicitud en 30 días ésta se da por hecho, la afirmativa ficta que tanto se ha peleado y que tanto hemos propuesto los que somos de izquierda, sólo que ahora se da en una ley para favorecer a los grandes capitales, no para favorecer a los sudcalifornianos”.
Por su parte, Guerrero Rivas explica que la Ley de Fomento Económico y Competitividad se entiende cabalmente sólo a través de la Ley de Reforma Regulatoria, la cual tiene una “relación muy estrecha” con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, por lo que las 3 han sido entregadas al Congreso del Estado como parte de un paquete donde “lo que se pretende es construir lo antes posible la infraestructura económica que los inversionistas requieren”.
“Es muy difícil que a un inversionista tú lo puedas convencer de venir a invertir a Baja California Sur solamente con un estímulo fiscal y no fiscal, cuando no tiene certidumbre, ni sobre la tenencia de la tierra, ni tiene certidumbre jurídica sobre sus inversiones, ni tiene certidumbre jurídica sobre los mercados o sobre los tipos de contratación que está haciendo […] No se trata de privatizar los servicios, esto es un poco el enfoque del que ellos están hablando, pero de ninguna manera. Este es un esquema jurídico que no es nuevo, que aplica en todo el mundo con excelentes resultados, aplica en todo México con excelentes resultados y lo acaban de aplicar a nivel federal con la Reforma Energética, es una asociación público-privada y lo que pretende no es enajenar el patrimonio público, el patrimonio gubernamental, lo que pretende es construir lo antes posible la infraestructura económica que los inversionistas requieren”.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Recursos Naturales concede que, en efecto, los tratos previstos por la Ley de Asociaciones Público-Privadas comprende ganancias para los inversionistas que se coliguen con el Gobierno del Estado, sin embargo los bienes no dejarán nunca de pertenecer a los ciudadanos, aseguró.
“Por supuesto que tienen un componente de rentabilidad, pero eso no significa un componente de propiedad, se trata de que el gobierno mezcla recursos con el capital privado, se construyan las obras de infraestructura, pero esas obras de infraestructura siguen siendo bienes públicos, la gran diferencia es que esas obras de infraestructura, esas carreteras, esas plantas industriales, esos puentes, esas comunicaciones, esa logística, la podemos tener mañana con esta mezcla de recursos y no tenemos que esperar 20 o 30 años a ver si ocurre […] Esta es una ley compleja, yo creo que la más compleja de las 3, porque no es una ley paraguas […], puedo uno imaginarse que son los mismos términos de asociación para todos los casos, pero no es así, la ley únicamente sienta las bases y, de alguna manera, le adjudica al Gobierno del Estado y a los inversionistas privados la posibilidad de asociarse, pero los términos jurídicos y técnicos y fiscales y contractuales de cada asociación son únicos, no están al amparo de la ley (sic), y en esos términos de contratación únicos se ponen los candados, se ponen justamente los términos para que no haya ni pérdida patrimonial, ni garantía de que el inversionista privado se quede con tales y cuales porcentajes de dividendos que no le corresponden”.
