La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Carlos Mendoza Davis, informó que “la prioridad del sistema de salud en Baja California Sur (BCS) es la atención de los pacientes. Por esa razón, las instancias estatales seguirán atendiendo a la población que requiera servicios de salud como lo hicieron en 2019, mientras el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comprueba que funciona de manera adecuada”.

“En BCS requerimos de un servicio oportuno, profesional, atento y suficiente que hoy, en las condiciones que se encuentra, el Insabi no garantiza. De ahí que se hayan girado instrucciones a los hospitales estatales y centros de salud para que conforme a su plantilla laboral y disponibilidad de recursos, continúen brindando servicios a los sudcalifornianos como se venía haciendo, sin afectación alguna”, indicó el gobernador.

En este sentido, Carlos Mendoza señaló que la falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, es la principal limitante que enfrenta BCS y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General de Salud. “Su implementación esta rezagada porque no se tiene una normatividad que defina los mecanismos de coordinación con los estados. Incluso, en este momento, no queda claro ni como se va a organizar, ni el monto y origen de las fuentes de financiamiento”, agregó.

Señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 contempla recursos para BCS y el resto de las entidades, pero están etiquetados al Seguro Popular y por lo tanto no se pueden acceder a estos, ya que fue disuelto. Destacó que a la fecha los recursos del ramo 12 para la implementación de los programas de salud siguen detenidos, ya que no se tienen las reglas ni lineamientos, por lo que no se pueden establecer los convenios de colaboración respectivos con los estados.

Finalmente, expresó que el Gobierno de BCS tiene completa disposición para avanzar en la implementación de esta reforma a la Ley General de Salud, pero enfatizó la importancia de que en su implementación no se afecten los servicios que se brindan a la población. “No se puede desmantelar una institución, y menos tratándose de un servicio tan sensible como la salud, si no se tiene claramente definido con que se va a sustituir y comprobado su funcionamiento y operación”, concluyó el gobernador.

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