Las muertes registradas en estos últimos meses en nuestro estado a causa de los accidentes automovilísticos, sin lugar a dudas nos obligan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo de manera inadecuada y lo que debemos modificar.

Es importante concentrarnos en revisar los elementos y colocar por delante el interés de encontrar soluciones. Además de considerar el consumo de alcohol, la situación de las carreteras, la poca o nula educación vial como causas de los accidentes; debemos advertir que hace unas semanas se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual representa un valioso instrumento legal para atender la problemática del país y por supuesto de gran utilidad en Baja California Sur.

En México, poco menos de 2 mil personas son hospitalizadas todos los días a causa de los accidentes automovilísticos; algunas fallecen, otras sobreviven con discapacidades para el resto de sus vidas y en los casos menos graves con secuelas leves o moderadas.

En el corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, las carreteras a Pichilingue en la ciudad de La Paz y en la zona norte desde Comondú hasta Mulegé, en los últimos meses se ha registrado un incremento de accidentes automovilísticos, varios de ellos con consecuencias fatales.

¿Por qué la autoridad estatal y las municipales no actúan de conformidad con la reciente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que aprobamos en el Senado y que se publicó el 17 de mayo del presente 2022?

Tengo claro que ninguna Ley es una varita mágica que va a resolver los problemas actuales de movilidad y seguridad vial, pero sí estoy segura que al definir con claridad los mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno lograremos un significativo avance.

Esta Ley General también se refiere a la conectividad, las banquetas, el transporte público, entre otros aspectos. Se estipula, por ejemplo, que las entidades y los municipios tienen la obligación de realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente y que está prohibido conducir con una alcoholemia superior al 0.25 mg/L. El límite máximo de velocidad en calles secundarias es de 30 km/h y en carriles centrales o avenidas de acceso controlado el máximo es 80 km/h.

Lo antes descrito son obligaciones para todo el país a fin de proteger la vida no solo de quienes conducen o van de acompañantes, sino de toda persona que transita en las calles y las carreteras. Las cifras que proporcionó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que cada 24 horas mueren en el país 32 personas en accidentes de tránsito.

Un hecho criticable que hemos vivido en Baja California Sur y que ha polarizado a las fuerzas políticas son las reacciones cuando se menciona la necesidad de regular adecuadamente el transporte público, que no es una cosa de menor importancia.

La Radiografía de las Leyes de Movilidad en México demuestra lo siguiente: 5 Estados reconocen el Derecho a la Movilidad en sus Constituciones, 2 Estados reconocen el Derecho a la Movilidad en sus Leyes y otros 7 lo mencionan de manera parcial. Baja California Sur pertenece al grupo que no lo reconoce ni en la Constitución, ni en una ley.

¿En qué consiste? La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia.

¿Qué podemos hacer para abonar a la solución? Conocer como ciudadanía esta ley, promover que las autoridades locales la implementen de manera inmediata y en paralelo exigir que se trabaje en las reformas a las leyes del Estado. Ir identificando aquello que nos falta para conseguirlo y me refiero por ejemplo a las pruebas de alcoholemia, si los municipios o el gobierno estatal carecen de personal capacitado o el presupuesto no contempló estas pruebas, estamos a tiempo de revisarlos para que se incluyan en el ejercicio 2023.

El tema de la movilidad exige un trabajo real para solucionarlo, cabría esperar de las autoridades un trabajo que vaya más allá del discurso. En noviembre del 2018 presenté una iniciativa al 4° Constitucional para establecer el derecho humano a la movilidad libre y voluntaria que hoy es una realidad Datos Gaceta del SENADO 11-2018. Además, en marzo del presente 2022, expuse un exhorto ante el Senado para solicitar respetuosamente al H. Congreso de Baja California Sur a que expida la Ley de Movilidad Datos Gaceta SENADO 03-2022.

Con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial quedó establecida la obligación de que el Congreso de nuestro Estado apruebe a más tardar en el mes de noviembre de este año una Ley Estatal de Movilidad, donde se definirá de manera precisa la forma en que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos cumplirán sus atribuciones.

Desde mi responsabilidad en el Senado he atendido el tema y he entregado resultados que en este momento le son de utilidad a las autoridades locales. La aplicación de la ley representará un beneficio para la población de Baja California Sur.

Para que las cosas sucedan, nos toca cumplir a cada quien con nuestra parte.

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