Desde aquí el apoyo total a nuestro mineros de Mulegé.

Para entender bien el negocio próspero de lo minerales extraídos en nuestro país, basta dar un vistazo a los números de producción de diversos materiales que extraen de nuestras tierras.

La industria minero-metalúrgico, la cual parte de la Época Colonial (en su versión comercial extractivista), se ha establecido como una de las industrias con mayor presencia, fuerza, e impacto en el desarrollo económico, político y social de México; otorgándole al país un puesto privilegiado en el mercado global de minerales y recursos extraídos de la tierra. México tiene el primer lugar en producción de puntos estratégicos para saber quién y cómo plata en el mundo, el quinto de bismuto, el quinto de plomo, el octavo de oro, el noveno de cobre y se encuentra entre los diez principales productores de otros doce minerales. A nivel nacional representa el 8.3% del Producto Interno Bruto Industrial, genera 367 mil 935 empleos directos, y representó en 2020 una inversión de 3mil 532.62 millones de dólares.

Hasta aquí estamos bien pero, ¿a cambio de qué? Con salario mal pagados, condiciones precarias de seguridad y equipamiento se exprime la vida de nuestros trabajadores mexicanos.

México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

La Ley Minera vigente se aprobó en 1992, como parte de un marco jurídico diseñado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación de los bienes naturales del país; diversos artículos violan de manera directa derechos reconocidos por el Estado mexicano a las comunidades y a la población y han sido una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que por minería se viven actualmente.

Urgen acciones en concreto:

1. Eliminar el carácter de utilidad pública y preferencia de las actividades mineras.

2. Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras.

3. Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.

4. Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.

5. Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y ramsar de las actividades mineras. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.

6. Que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.

Es urgente que el Estado mexicano atienda de fondo las discriminaciones estructurales, cumpla con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y revierta el desequilibrio de poder entre el sector extractivo y el resto de la sociedad.

La lucha de los trabajadores mineros es nuestra lucha. No podemos permanecer callados ante la tiranía de algunos cuantos.

Compartir noticia en: