La Paz, Baja California Sur- “Si queremos garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para los sudcalifornianos, es necesario implementar nuevos mecanismos en la política pública en materia de acceso a la alimentación, que contribuyan a bajar los índices de desnutrición y pobreza alimentaria en el estado”, así lo expresó la aspirante a diputada local por el cuarto distrito, en candidatura común de los partidos PAN-PRD-PRS-Humanista, Dora Luz Salazar Sánchez.

En caso de ser elegida diputada local, la candidata se comprometió a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para que se expida la Nueva Ley de Ayuda Alimentaria del estado: “Este ordenamiento jurídico tendrá tres principales áreas de acción: tutelar el derecho a una alimentación adecuada, promover el rescate de alimentos consumibles evitando su desperdicio y fomentar la donación de alimentos”, manifestó.

Como parte de esta propuesta, agregó, se considera la creación de un Banco Integral de Ayuda Humanitaria, construido con la participación del gobierno estatal y los gobiernos municipales, y administrado y operado por una organización de la sociedad civil. El Centro deberá contar con personal calificado, infraestructura y equipo adecuado, para garantizar la conservación y el manejo seguro de los alimentos, la selección de beneficiarios, la distribución de la ayuda alimentaria y el cobro de la cuota de recuperación, que será una contraprestación en efectivo por un máximo del 10% en relación al valor comercial del producto, exceptuando casos extraordinarios, como fenómenos naturales, situaciones de emergencia o crisis económica del beneficiario.

Salazar Sánchez explicó que en los rubros de acción de la iniciativa de ley que propone, considerará con incentivos fiscales a productores, cooperativas, supermercados, centrales de abastos y restaurantes, entre otros, que participen como donantes para contribuir a la seguridad alimentaria de la población de escasos recursos. Dichas donaciones consistirán en productos que hayan perdido su valor comercial, ya sea por apariencia u otras variables, pero que se encuentran en óptimo estado para el consumo humano. Los productos podrán ser recibidos de manera directa por beneficiarios con alto grado de vulnerabilidad, o bien, a través de instituciones dedicadas a la asistencia social alimentaria sin fines de lucro.

Para la selección de beneficiarios, Salazar Sánchez dijo que se hará a través de un estudio socioeconómico, privilegiando a los habitantes de zonas de alta marginación o vulnerabilidad, y personas que tengan tres o más carencias sociales, determinadas según parámetros del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Consejo Nacional de Población (Conapo), y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El principal móvil en donativos del Banco Integral de Ayuda Humanitaria serán alimentos, pero será posible ampliar la recepción y variedad de productos mediante colectas de medicamentos, ropa, calzado, juguetes y enseres domésticos. Para lo anterior es de vital importancia la participación en los diversos procesos de personal calificado de la Secretaría de Salud (SSA), Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), entre otras.

“Será de gran relevancia el análisis de esta iniciativa que lleven a cabo las Comisiones de Salud, la Familia y la Asistencia Pública; la de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad y la de Desarrollo Social, que forman parte del Congreso local. Recordemos que la Constitución Política del Estado señala claramente, en varios de sus artículos, el derecho de todos los habitantes a tener alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la protección de la salud y, en general, derecho al bienestar y a la seguridad social, siendo la Ley la que define las bases y formas para garantizarlo”, concluyó Dora Luz Salazar Sánchez.

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