Seguridad y derechos humanos, parte de la agenda legislativa del PRI en BCS
La Paz, Baja California Sur.- La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Baja California Sur (BCS) adelantó parte de su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones de la XIV Legislatura.
Los diputados Patricia Ramírez Gutiérrez y Joel Vargas Aguiar, acompañados del dirigente estatal del PRI, Edmundo Salgado Cota, promoverán los derechos humanos e igualdad, la revisión de leyes en materia de fomento económico; revisión a las leyes regulatoriasy turismo.
En el caso de estas leyes, según denunció Vargas Aguiar, “no estamos viendo que estas leyes, presentadas por el gobernador, en realidad, tengamos resultados tangibles. Habremos de iniciar propuestas a cada una de ellas, porque su revisión ya las hemos iniciado.
Asimismo, aseguró que en materia electoral, se llevará a cabo la revisión de reelecciones, equidad e igualdad de género, financiamiento de los partidos políticos, tiempos de campaña y revisión del reglamento nacional electoral, entre otros temas.
A estos temas sumó el diputado la situación de inseguridad que se vive en BCS a raíz de las muertes violentas que se registran en La Paz y Los Cabos, principalmente, por la supuesta lucha entre dos grupos del crimen organizado.
“Implica iniciativas a leyes que incidan en la seguridad y prevención del delito […] es la agenda común de la fracción, independientemente de cada trabajo del resto de los diputados”, dijo.
Por su parte, Ramírez Gutiérrez aseguró que la agenda, la cual sólo presenta cuatro puntos, representa las problemáticas que se deben de resolver, considerando que son “temas que van a impactar directamente a la ciudadanía”.
Finalmente, los diputados del PRI consideran necesario solicitar que el informe de gobierno no se realice en noviembre, como lo solicitó el gobernador Carlos Mendoza Davis y como fue en 2016.
En cuestión de seguridad, dijo, solicitarán que haya más campañas de difusión para prevenir el delito, además de trabajos de inteligencia en el estado para el combate al crimen organizado.
