La Paz, Baja California Sur- El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó, por mayoría de 17 votos a favor de las fracciones del PAN, PRI y PRS, el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, que lleve a cabo el proyecto “para la construcción de una planta desaladora de agua de mar, de 250 litros por segundo, que abastezca, por un plazo de hasta 25 años, de agua, en bloque, a la población de Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS), con el objeto de cubrir la demanda de agua para los usos doméstico y no doméstico…”.

En una prolongada discusión de más de cuatro horas, durante la cual los representantes de Morena, Guadalupe Rojas; del PT, Camilo Torres; y la independiente Rosa Delia Cota, mostraron su rechazo al dictamen por considerar que la figura de la Asociación Pública Privada que soportará la construcción de la planta no es la adecuada, dado que a los usuarios del servicio de agua, con el tiempo, les saldrá más caro el servicio que recibirán, advirtiendo que sí están a favor de que las colonias populares de Los Cabos reciban un mejor servicio público de agua, pero no bajo los criterios presentados en este proyecto.

La planta que se construirá en Los Cabos, según el dictamen, que mereció la dispensa de la segunda lectura, tendrá un costo de 890 millones de pesos, de los que un importe no superior al 49 por ciento, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de ese monto, será aportado por el Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) que es considerado “como apoyo no recuperable en la modalidad de subvención del fondo”, en tanto que el restante 51 por ciento, lo aportará, por medio del esquema legal de Asociación Público Privada, la empresa ganadora de la licitación internacional, a la que próximamente convocará el Sistema de Agua Potable de Los Cabos, para la construcción de esta planta desaladora.

En la discusión, el diputado José Alberto Robles, representante del séptimo distrito, con sede en San José del Cabo, dijo que es tan grave el problema de abasto del agua potable en las colonias populares de Cabo San Lucas que, en muchos hogares, de los 30 días del mes, “solamente durante 3 cuentan con el vital elemento”.

La fracción del PRI, al fijar su posición por medio del diputado Amadeo Murillo Aguilar, puntualizó que, para su grupo parlamentario, “resolver el grave problema de desabasto de agua potable que actualmente padecen los habitantes de Cabo San Lucas es, sin duda, de la más alta prioridad”.

El legislador destacó que “así lo ha entendido el Gobierno federal, por ello, en un esfuerzo solidario con sentido de responsabilidad social, autorizó desde el mes de enero de 2017 el otorgamiento de un apoyo no recuperable, es decir, a fondo perdido, hasta por el equivalente al 49 por ciento del costo total de la planta en Cabo San Lucas”, y añadió que su bancada en la XIV Legislatura siempre ha actuado como una oposición responsable que, “más allá de signos o colores partidistas, busca, de forma permanente, el beneficio colectivo, apoyando para ello todas aquellas propuestas que, aunque no sean nuestras, son útiles a la sociedad”.

Al hablar a favor del documento, el coordinador de la fracción del PAN, diputado Alejandro Blanco Hernández, aseguró que la sesión de este jueves es histórica para Baja California Sur, “sobre todo para el municipio de Los Cabos”, porque con la aprobación del dictamen, “estamos dando certeza al desarrollo social y económico de Los Cabos para los próximos 25 años”.

Blanco Hernández indicó que, como legisladores, “desde nuestro ámbito de responsabilidad nos estamos sumando a un proyecto que resolverá el problema del abasto de agua en Cabo San Lucas para la siguiente generación”, y precisó que si el proyecto de esta planta desaladora se realizara con financiamiento bancario, el costo sería del orden de los 2 mil 500 millones de pesos, en tanto que mediante el esquema de la APP, el valor final será 40 por ciento menos, es decir, unos mil 600 millones de pesos, en 25 años.

La diputada del décimo sexto distrito, Rebeca Espinoza Aguilar, subrayó que, con este proyecto y la conformación de una APP, “el Ayuntamiento de Los Cabos no invertirá un solo peso, ya que el 49 por ciento será cubierto por Banobras en fondos no recuperables”.

La representante del octavo distrito, Laura Herrera, en uso de la tribuna, indicó que ella sabe de los problemas que vive todos los días la gente de Cabo San Lucas, a quienes representa en el Congreso del Estado: “Yo vengo a esta tribuna, no como representante popular, sino como madre de familia preocupada por la falta de agua en mi comunidad, y quiero que el problema se resuelva a favor de mi gente…”.

En contra del dictamen, pero reconociendo la necesidad que la sociedad de Cabo San Lucas tiene de abastecerse de agua, la diputada Rosa Delia Cota Montaño considera que, con el proyecto de la construcción de la planta desaladora, “el único objetivo es destinar miles de millones de pesos de los usuarios de esta planta a una empresa en particular”. Fue reiterativa al manifestar que con su construcción “se quiere aprovechar la oportunidad de otorgar un gran negocio de miles de millones de pesos durante un plazo de 25 años a una empresa particular”.

Cota Montaño se pronunció por rechazar la aprobación, “ponerse a discusión de los cabeños y luego realizar una consulta pública para definir si la población está de acuerdo o no en que la obra se realice bajo el esquema de Asociación Público Privada, y pagar los altísimos intereses que se mencionan por el plazo de 25 años”.

El Diputado Camilo Torres, del PT, al hacer uso de la tribuna, señaló que, en la mayoría de los casos, la figura de la APP “resulta el método más costoso de financiamiento y aumenta en forma significativa el gasto público”. Torres Mejía puntualizó que el esquema de la Asociación Público Privada en países de Europa es un modelo que ya no se utiliza, puesto que ha sido contraproducente para la sociedad: “Hemos insistido en que esta figura para crear infraestructura para resolver problemas sociales es poco confiable, y que incluso puede ser una acción de gobierno legal, que no deja de ser inmoral”.

La diputada Guadalupe Rojas Moreno, al inicio de su intervención, “dejó en claro” que no está en contra de que la población de Cabo San Lucas cuente con un mejor servicio de agua potable, pero que se encuentra totalmente en desacuerdo con el proceso mediante el cual se construirá la planta desaladora, y aseguró que no votaría por una acción que “prácticamente privatizará el agua en Los Cabos”, cuestionando por qué no se invirtieron los recursos de la remodelación del Malecón de La Paz en dotar de agua a Los Cabos o en infraestructura de servicios para la población.

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