Unión de sindicatos busca crear centro de rehabilitación en BCS exclusivo para trabajadores
La Paz, Baja California Sur.- El Sindicato de Burócratas de Baja California Sur (BCS), a través de la sección paceña, que dirige Eduardo Valdez, ha iniciado “pláticas con el gobierno”, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), para crear un centro de rehabilitación de drogas y alcohol exclusivo para trabajadores, debido a que los actuales no cuentan con las condiciones adecuadas.
Una de sus “ambiciones”, señala Eduardo Valdez, es ofrecer a los burócratas “un centro de calidad” para atender la drogadicción, que “no es una adicción, sino es una enfermedad y requiere tratamiento, y no solamente para el adicto sino para la familia”.
Hasta el momento, adelanta, “ha habido muy buena disposición del Gobierno del Estado, del subsecretario de Administración, Humberto Araiza, y en el caso del Ayuntamiento, del licenciado Lugo, el Oficial Mayor”, otorgando facilidades para que los trabajadores inicien tratamientos de 3 meses con goce de sueldo. Mientras ocurre, “la plaza” del trabajador “queda congelada”, pero “ya si hay más reincidencia”, advierte Valdez, “tienen que ser dados de baja” y “su plaza se boletina en el área que corresponde y se da a la persona que tenga más méritos para ocuparla”.
“Hay muchos casos que hemos atendido y se han resuelto, incluso hay casos donde los propios trabajadores quieren impartir pláticas, decir su experiencia, ofrecer ayuda […] Tengo que guardar mucha secrecía en nombres, por eso es un trabajo que casi no se ve, pero tenemos que hacerlo, porque hay mucha gente adicta a las drogas […] Sí hemos intervenido, tenemos el área de psicología y el área de trabajo social, que hemos extendido mucho […] Pudieras decir que en las áreas de campo es donde más hay, pero no, esto ya abarca todo, ya es una humedad que abarca todos los niveles, y en veces te sorprendes (sic) en qué niveles hay […] La verdad que sí nos hemos llevado muchas sorpresas de gente campo, administrativos, operativos, en todos lados”.
Francisco Javier Sánchez, en su columna “Quemando teclas”, hizo un recuento en octubre de 2015 acerca de hechos ocurridos en centros de rehabilitación del estado desde el año 2007, bajo el subtítulo “Macabra rehabilitación”. Aquí el recuento:
“El 7 de febrero del 2007 murió por bronco-aspiración en la ‘sala de desintoxicación y observación’ del centro de rehabilitación NACER A.C., de San José del Cabo, el norteamericano Bowie Witt, internado a petición de su amigo Edgar Agúndez, ‘porque ya tenía 14 años tomando licor’, según el encargado del lugar, Roberto Partida Rojas, un tijuanense de 43 años. Sin embargo todo indica que el extranjero fue privado de la libertad y abandonado en la insalubre carraca”.
“Felipe Solano Elizalde, de 44 años, falleció en una sala del hospital Juan María de Salvatierra, horas después de ser atacado a puñaladas por otro interno del centro ‘Nueva Creación’, ubicado en inmediaciones de la colonia Calafia, al sur de La Paz”.
“En el centro de rehabilitación CRREAD, de San José del Cabo, fue asesinado a golpes Martín Pineda Morales, un chofer de 41 años, recluido contra su voluntad tres semanas antes. El director del lugar, Marcelino Velázquez, informo a familiares de la víctima que había sufrido un infarto al corazón, pero la necropsia reveló como causa el traumatismo craneoencefálico, ejerciéndose acción penal contra Víctor Ángel Ceferino, Armando Ventura, Mauro Rodríguez y Édgar Ríos”.
“José Jonathan Díaz y dos internos más del centro Nacer A.C., de La Paz, fueron enviados a Los Cabos por sus patrones, Héctor Calvillo Tarazón y Héctor Calvillo Guevara, para ‘aprehender’ a un enfermo y trasladarlo a esta capital. Hubo un forcejeo y la víctima se golpeó el cráneo con una guarnición, muriendo horas después”.
“El 21 de marzo del 2012, una jovencita de quince años, ‘egresada’ del Centro CRREAD de Guerrero Negro, denunció amenazas, abusos psicológicos y castigos físicos durante los 24 días que permaneció en ese lugar. Dijo que a su ingreso dos lesbianas la desnudaron, era obligada a arrodillarse sobre corcholatas y fue necesario que su madre acudiera ante el Ministerio Publico, pues para liberarla exigían el pago de 9 mil pesos”.
“En mayo del 2013, por intervención del diputado local Arturo Torres Ledesma (qepd), fue rescatado del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes el jornalero agrícola Enrique Arce Amarillas, con domicilio en Villa Morelos. La víctima narró que el comandante de la Policía Ministerial del Estado en Ciudad Constitución lo encontró y le dijo ‘acompáñame, necesito hablar contigo’, pero en vez de llevarlo a las instalaciones de la PME lo entregó a ‘personal de traslados’ de ese negocio, quienes lo remitieron a una insalubre carraca”.
“El 22 de abril del 2013, un interno de 34 años del centro CRREAD ubicado en la colonia Año Nuevo, de Mulegé Pueblo, intentó suicidarse en el área de enfermería con un bisturí, cansado de malos tratos y vejaciones. Fue llevado al hospital civil de Santa Rosalía, con heridas en cara lateral derecha del cuello y muñeca izquierda”.
“El 28 de agosto del 2013, 32 internos del centro de rehabilitación Moctezuma, ubicado en Encinas e/ Carranza y Juan Domínguez Cota, se intoxicaron por comer carne de cerdo en mal estado. Unidades de Protección Civil y el grupo de rescate GERAP los trasladaron al hospital Juan María de Salvatierra y el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
“El 4 de agosto del 2015, 19 internos del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes, ubicado en las calles Cuitláhuac e/ López Mateos y Cinco de Mayo, se fugaron, y cinco de ellos fueron ‘recapturados’ por la Policía Preventiva de Comondú, denunciando ante la representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa demarcación haber sido privados de su libertad, ser sometidos a torturas y malos tratos, pese a que su familia pagó miles de pesos por su ‘tratamiento’. Un día después, personal de ese lugar, entre los que se identificó a Manuel Iván Murillo Davis, impidió la entrada a visitadores de la CEDH, que pretendían verificar quejas por abusos y violaciones graves a los derechos humanos y las garantías individuales. El titular de esa oficina, Silvestre de la Toba Camacho, anunció que se acudiría ante el Ministerio Público”.
“El 5 de septiembre del 2015, personal militar adscrito a un puesto de revisión, rescató a dos internos del centro CRREAD de Ciudad Insurgentes, que eran transportados atados y amordazados en la caja de un pick up. Los individuos dijeron haber llegado de Tijuana, Baja California, como ‘servidores’ de José Manuel Castillo, directivo del lugar. Debido a que se negaron a golpear a sus compañeros, intentaban desaparecerlos”.
“El 8 de octubre del 2015, Roberto Carlos Medellín Mendoza, interno del centro Soldados Nuevos A.C., de Ciudad Constitución, fue entregado inconsciente a sus familiares. Lo trasladaron al hospital del Instituto Mexicano, donde falleció. Los directivos nunca informaron sobre alguna enfermedad y es obvio que la muerte de Medellín Espinoza ocurrió por negligencia, demandando los deudos que se haga justicia y al menos ese caso no pase a formar parte de la ‘congeladora’ en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
