Bajo revisión centros de rehabilitación en BCS
La Paz, Baja California Sur (BCS).- Después del homicidio registrado en un centro de rehabilitación en Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, diferentes instituciones como la Secretaría de Salud (SSA) en Baja California Sur, el Ministerio Público (MP), la Subsecretaría de Protección Civil, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han iniciado la verificación de los 22 centros para pacientes con adicción a alguna droga; en La Paz existen dos instituciones que están “en la mira” por diversas quejas: “NACER A.C.” y “Poder Despertar Baja California Sur, A.C.”.
Según cifras proporcionadas por la CEDH, solamente existían cinco establecimientos con reconocimiento oficial en BCS; en 2015, tres de ellos la perdieron debido a diferentes irregularidades: el Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) de Guerrero Negro, por el homicidio antes citado; el CRREAD de Ciudad Insurgentes, actualmente cerrado; y uno más, no especificado por el organismo.
En el CRREAD de Ciudad Insurgentes, se señalan dos irregularidades: una supuesta “fuga”, cuando se espera que los pacientes se encuentren voluntariamente en el centro; así como la tortura y abandono por parte del personal denunciado por uno de sus expacientes oriundo del estado de Baja California; la mayoría de las quejas de personas que salían de dicho anexo eran referentes al uso de la violencia como método de control y rehabilitación social.
Un caso más se suscitó en el CRREAD de San José del Cabo, cuya administración se negaba a liberar a un paciente por “no haber realizado el pago de su cuota”. La madre del afectado denunció haber pagado incluso “por adelantado” los servicios del centro, por lo que la CEDH tuvo que solicitar el apoyo de agentes del MP para poder regresar la “libertad” al enfermo.
A nivel nacional, mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la SSA ha establecido una regulación para este tipo de establecimientos; sin embargo, el Congreso de Baja California Sur no ha legislado para elevar esta normativa a su Constitución local, materia que compete a la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
La CEDH consideró que la drogadicción es una problemática recurrente en Baja California Sur, por lo que urgió a las autoridades a realizar los cambios pertinentes en la ley. Algunas de las propuestas que emitió el organismo son garantizar a los enfermos un médico, un psiquiatra, estrategias de rehabilitación reconocidas por la SSA, seguimiento al salir de los centros, instalaciones adecuadas y la seguridad de que se encuentren voluntariamente en tratamiento.
Por último, la CEDH informó que en enero de 2016 se llevará a cabo una reunión entre las instituciones que revisaron cuatro centros de rehabilitación en Guerrero Negro, Mulegé; Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, para evaluar los informes emanados de las mismas y determinar las acciones correspondientes a las secretarías de gobierno para cada eventualidad.
En total, existen 11 quejas contra centros de rehabilitación. Los más denunciados han sido los anteriormente señalados, aunque también se agregaron a la lista algunas asociaciones más: “Alcohólicos Anónimos” y “NACER A.C.” en Los Cabos; “Soldados Nuevos” en Comondú; así como la “Divina Providencia”, en la colonia Calafia de la capital del estado.
