Echan del PRS a exregidora de La Paz por verse involucrada en el juicio político Los Cardones
La Paz, Baja California Sur.- El presidente del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), Pilar Eduardo Carballo Ruiz, confirmó la destitución de la exregidora paceña Alma Melissa Bernal Araiza del instituto político por verse involucrada en el juicio promovido por el XV Ayuntamiento de La Paz en contra de los ediles que en la administración anterior aprobaron el uso de suelo al proyecto minero Los Cardones en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.
Alma Melissa Bernal Araiza, hija del exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California Sur (BCS), José Bernal Romero, llegó al Cabildo de la Paz del XIV Ayuntamiento a finales de marzo de 2015, sustituyendo precisamente a Pilar Eduardo Carballo, mientras que la aprobación del uso de suelo tuvo lugar en el mes de septiembre.
“Afortunadamente yo no estaba ahí en el Cabildo cuando fue cuando estaban las minas, yo ahí no participé, yo estuve participando en la planilla de diputado […] Yo no estoy dentro de la demanda […], a ella la descalificamos por ese hecho […], la sacamos […] Nuestro partido está a favor de la ecología, aparte de que no se hicieran ese tipo de cosas, y aparte a nosotros no nos consta si hubo o no hubo dinero de por medio, eso es corrupción”.
Cabe recordar que el pasado 10 de mayo, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Comisión Instructora de Juicio Político promovido en contra de contra del exalcalde Francisco Monroy Sánchez, el exsíndico municipal Francisco Javier Moreno Soria, y los exregidores Fausto René Álvarez Gámez, Silvia García González, José Guadalupe Iñiguez Cabada, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, José de la Toba Camacho, Javier González Rubio Cerecer, Saúl Lamas Guzmán, Jesús Francisco Rubio Salgado, y, como ya fue dicho, Alma Melissa Bernal, para otorgar el 26 de mayo resultados a favor o en contra de la denuncia, que podría inhabilitar políticamente a los exfuncionarios.
