Aunque estuvo preso siendo inocente, en el caso Daniel Sánchez “se ha actuado correctamente”
La Paz, Baja California Sur.- Aunque la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) mantuvo en prisión a Daniel Sánchez Ávila durante 1 año y 7 meses por un crimen que no cometió, la Subsecretaría de la Consejería Jurídica de Baja California Sur (BCS) considera que en ese caso “se ha actuado correctamente”, por lo que “no hay una responsabilidad directa” del Gobierno del Estado, dejando ver que la demanda interpuesta por el en contra del aparato judicial y el aparato ejecutivo de la entidad no rendirá frutos.
“Por el caso de Gobierno del Estado, pensamos que no hay una responsabilidad directa del ejecutivo estatal entonces en relación a un proceso penal que se desarrolló de conformidad con las reglas y las leyes vigentes en el momento. Es decir, el proceso jurídico penal que enfrentó esta persona fue conforme a lo establecido en la ley, de tal suerte que sí pensamos nosotros que, por lo que hace al Gobierno del Estado propiamente, no habría una responsabilidad directa en este caso”.
“Más que una negativa, yo creo que es una situación de que no se han llegado a acuerdos o a puntos de coincidencia, pero el Gobierno del Estado siempre está abierto al diálogo, en este caso y en otros”.
Respecto a la PGJE, dijo: “Yo no haría ningún pronunciamiento en este caso, por el respeto a la institución […] Ya la parte de los procesos internos de los diferentes órganos que participaron en ello, pues, digamos, cada situación es diferente, en todo caso, nosotros pensamos que se ha actuado correctamente”.
“Es uno de los puntos que no está claro tampoco”, anota por su parte el jurídico estatal, “porque estos montos no están precisados en ningún ordenamiento jurídico, ni hay una tarifa ni se puede medir tampoco un caso como estos, son situaciones, pues, muy lamentables, pero que en todo caso tampoco podemos decir que pueda fijarse un precio o una tarifa a un asunto de esta naturaleza, yo creo que, pues, finalmente, yo creo que aquí lo que procede es continuar el diálogo para buscar soluciones, buscar alternativas”.
Actualmente, el Gobierno del Estado está involucrado en aproximadamente 60 asuntos contenciosos, es decir, casos “donde el gobierno puede ser parte de un procedimiento administrativo jurisdiccional legal”.
Daniel Sánchez Ávila fue acusado del homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado públicamente el 4 de marzo de 2010 en las afuera de un bar ubicado en el malecón de La Paz. Hasta el momento, aunque 4 personas han estado en la cárcel por el mismo delito, todas liberadas, nadie ha sido sentenciado definitivamente como culpable.
