Compartir noticia en:

La Paz, Baja California Sur.- Legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se han unido con el fin de modificar el proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privada (APP) para Baja California Sur (BCS), enviado al Congreso del Estado por el Poder Ejecutivo, asegurando que además de abrir la puerta a la privatización de los servicios públicos contempla la creación de un fondo de rescate empresarial tomado “del presupuesto anual” del estado, colmando de “canonjías” al sector privado y desprotegiendo a la sociedad.

El diputado Camilo Torres Mejía, del PT, asegura que “no es uno” el criterio que la APP utiliza para dejar claro que el beneficio es mayoritario para los empresarios y no para el estado, sino “una serie de preceptos”, el tema “es sistemático”, dijo, al señalar que los argumentos que ha vertido recientemente el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Recursos Naturales en BCS, Rodrigo Guerrero Rivas, asegurando que la ley no pretende la privatización de los servicios ni la apertura a la competencia desleal, develan la ignorancia del funcionario en el tema.

“Lo que pasa es que el secretario de Desarrollo Económico, yo no sé, o no la ha leído o no la conoce bien, con todo respeto”, anotó Torres Mejía. “Lo que cuenta y lo que vale es lo que dice el texto de la ley, no lo que digan que van a hacer sino lo que dice a la letra, eso es lo que cuenta, y lo que dice a la letra es que van a crear un fondo para proteger a las empresas, así como está planteado, un fondo donde tú como inversionista te va mal y te rescatan ‘porque pobrecito, te fue mal’, aunque se supone que si estás en una iniciativa privada es parte de eso, el riesgo, y aquí no quieren correr, para empezar, ningún riesgo […] Se ponen a idealizar las cosas que quisieran hacer, cuando no se ponen a estudiar el instrumento que están promoviendo, lo que ellos dicen no es lo que dice el documento, y se lo hemos dicho […] Aunque él nos diga que no es cierto que es privatización, es obvio que es la privatización de los servicios públicos, es obvio, está más que claro en el proyecto de ley, al grado que nosotros entendemos que los compañeros del PAN han querido cambiarle varias cosas”.

El diputado Camilo Torres observa que “otra situación que de plano es inaceptable” en el proyecto de la APP, es que la ley estaría “por encima incluso del medio ambiente”, pues “cuando una asociación público-privada está autorizada, si te dicen que se tienen que poner en tal lugar, se pone en tal lugar y si dañas el medio ambiente ni modo”.

“Por eso estamos haciendo un frente común”, aclara el diputado petista, “porque esto es irse a la privatización de los servicios con una serie de canonjías que no entiendo por qué se las quieren dar tan amplias al sector privado”.

Por su parte, Amadeo Murillo Aguilar, líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, anota que el tricolor, junto con las izquierdas, buscará que la APP entre a consulta ciudadana, con el objetivo de que sea socializada y perfeccionada.

“La solicitud que estamos haciendo nosotros es de que esto se vaya a consulta, donde puedan intervenir especializados en la materia, los académicos, incluso algunos grupos empresariales, en fin, que participe todo lo que significa los interesados en estos temas, y que podamos tener finalmente una ley que realmente sea equilibrada y que no esté cargada para ningún lado”.

Compartir noticia en: