La pugna entre API y Baja Ferries “quedó en la historia”
La Paz, Baja California Sur.- El conflicto entre la Administración Portuaria Integral (API) y la naviera Baja Ferries, que naciera en 2012 en torno al cobro por concepto de Acceso a Terminal Portuaria (ATP), “quedó en la historia”, asegura José López Soto, administrador de la paraestatal, al anotar que aunque no se le condonará la millonaria deuda a la empresa, el pleito saldrá del circuito de tribunales.
“Una de las principales instrucciones que recibimos de parte del gobernador Carlos Mendoza Davis, es trabajar con los empresarios de la mano y ver hacia el futuro, olvidándonos del pasado”, dijo López Soto. “Tuvimos una reunión ya los directivos de Baja Ferries y su servidor, en la que empezamos la primera mesa de negociaciones y pláticas muy convenientes, que yo te podría decir que en este momento estamos a un paso de que las cosas queden en el pasado y empecemos a caminar viendo hacia al futuro”.
Cabe recordar que en septiembre de 2012 el entonces titular de la API, Jesús Robles González, hoy a cargo del transporte en el estado, acusaba a Baja Ferries de no pagar desde 2010 el ATP, acumulando, hasta 2014, una deuda superior a los 90 millones de pesos.
Por su parte, Baja Ferries aseguraba que desde el 16 de diciembre de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) daba cuenta del registro y autorización de la tarifa de pesaje, denominado por la API como ATP, aunque no se trataba de dicho concepto sino de servicio de báscula. La SCT, en el documento de autorización, precisa que este derecho será a solicitud del cliente, además de recordar a la propia API que todo cobro efectuado antes del registro de cualquier tarifa es causal de violación a la ley y será sancionado, algo que empezó a realizar la paraestatal y después dejó de hacerlo.
Es también relevante destacar que en ese tiempo el senador Ricardo Barroso Agramont, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguraba que el ATP “no es un impuesto obligatorio” y que su cobro atenta “contra la gente que está llegando a nuestro estado”.
Al señalar que no será el estado quien pague el adeudo de la naviera, José López Soto confirma que el gobierno estatal sigue considerando la deuda, no obstante deja claro que habrá una negociación que beneficiará a la familia Ruano, propietarios de Baja Ferries.
“Estamos hablando de un proceso en el que podemos negociar, en el que podemos ambas partes encontrar una salida pacífica, que permita que las dos entidades caminen de la mano, viendo hacia el futuro, y no estamos hablando de que vamos a condonar deudas, no estamos hablando de que nosotros vamos a pagar. ¿Cuál será la salida?, la más conveniente, y en este caso es mediar y dejar que las cosas caminen de una manera pacífica, fuera de los juzgados”.
