La pugna API-Baja Ferries se resolverá en la SCJN, no “quedó en la historia” después de todo
La lucha inició en septiembre de 2012 luego de que el entonces titular de la API, Jesús Robles González, acusara a Baja Ferries de no pagar desde 2010 el impuesto de Acceso a Terminal Portuaria (ATP), que acumulando hasta 2014, cuando la situación llegara a términos jurídicos, sumaba una cantidad superior a los 90 millones de pesos.
“Desde que se inició el procedimiento en la administración pasada, lo que hizo la Administración Portuaria Integral es empezar a cobrar de manera directa este impuesto, pues tradicionalmente las empresas lo tienen que recaudar y reportarlo de manera quincenal o mensual a la administración portuaria, tal y como lo hace la otra empresa, que es TMC [Transportación Marítima de California], recauda su impuesto de manera normal y lo transfiere a la API”, explica al respecto López Soto, aclarando que “cuando se inicia el conflicto con esta empresa [Baja Ferries], la administración portuaria de manera directa lo empieza a cobrar y así lo está haciendo en este momento”.
En enero de este año José López estaba seguro que era posible para “ambas partes encontrar una salida pacífica”, que permitiera “que las dos entidades caminen de la mano viendo hacia el futuro”, sin embargo, a menos de dos meses de verter estas declaraciones y sin ahondar en razones, hoy insiste en que la solución llegará sólo con la intervención de la SCJN, aunque adelanta que sea cual sea ésta, no dañará la relación entre el Gobierno del Estado y la naviera.
“Ese problema está puesto en manos de la autoridad judicial, hay un procedimiento que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está por resolverse, puede ser cuestión de meses en lo que tengamos una resolución, y será la autoridad la que nos diga qué es lo que va a proceder, si Baja Ferries tiene que pagar o si no tiene que pagar […] Definitivamente tenemos que ser una autoridad madura y tenemos que trabajar de la mano con los empresarios de Baja California Sur, la resolución que emita la corte, pues debemos de apegarnos a ella y, definitivamente, tenemos que ir de la mano con los empresarios de Baja California Sur, no debería de crear alguna fricción gubernamental, vamos a hacer lo posible por que las cosas se lleven de la mejor manera”.
El titular de la API afirma que el impuesto ATP “es una tarifa autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, la cual se cobra “a nivel nacional” y en Baja California Sur (BCS) genera ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales, los cuales se aplican en obras de mantenimiento para los puertos del estado.
“Es un impuesto como el TUA [Tarifa de Uso de Aeropuerto], que se paga en los aeropuertos por el derecho de acceso y de piso de los mismos, y a su vez es aplicable para el mantenimiento de los mismos puertos […] Incluyendo el ATP y el resto de los ingresos de los puertos en Baja California Sur, estamos hablando de un promedio de 45 millones de pesos al año”.
