“Estamos haciendo mucho énfasis en que la gente denuncie los delitos […] antes tenías que ir forzosamente al Ministerio Púlbico para hacer su denuncia; con el formato de “Primer Respondiente” que todos deben traerlo (sic), el primer respondiente es la primera institución de policía que llegue al lugar de los hechos, tienen que encargarse de este protocolo”, aseguró el secretario.

Sigala Páez explicó que con la reforma al sistema se ha creado una nueva figura de reparación del daño, en la cual el Estado deberá garantizar “hasta sus últimas consecuencias” que las víctimas sean compensadas satisfactoriamente; se tiene prevista la creación de un fondo para que, en aquellos casos en que los imputados no tenga condiciones de cubrir estos costos, sea el propio Estado quien los cubra, de acuerdo a la legislación vigente.

Por otra parte, las sentencias condenatorias o absolutorias, serán decididas por tres jueces; el de control, que garantizará que las detenciones no se lleven a cabo de manera “arbitraria, además, será quien determine si imponer alguna de las medidas cautelares (prohibición de acercarse a personas o lugares, garantías económicas, la firma de un libro de registro, entre otras medidas); el juez de juicio oral, que conocerán de la audiencia de juicio, cuando se lee ante las partes las resoluciones analizadas de manera verbal; así como el juez de ejecución de sanciones y seguridad, a cargo de quien estará la responsabilidad de aplicar la ley en esta materia.

Desde la implementación del sistema, el día 1 de enero de 2016, todas las audiencias han sido y serán totalmente públicas, a excepción de aquellas determinadas como “reservadas”; sin embargo, por ningún motivo se podrá acceder a ellas con dispositivos de grabación de audio y video; en el caso de los medios de comunicación, sólo podrán tomar nota de lo que acontece, con la ventaja de poder presenciar el desarrollo del proceso y asistir cuantas veces lo desee.

Por último, Sigala Paez aseguró que el NSJP está reestructurado de fondo, por lo que buscarán cambiar “la cara” de todas las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, especialmente de aquellas que tienen a cargo la implementación del mismo (Poder Judicial, Procuraduría de Justicia, Defensoría Pública, Subsecretaría de Seguridad Pública y policías municipales); opinó que el sistema anterior de justicia “no estaba funcionando”, por la poca confianza que manifestaba la gente al denunciar menos del 10% de la incidencia delictiva.

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