Nuestro presupuesto depende del estado, pero somos autónomos: CEDH
La Paz, Baja California Sur.- Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California Sur (BCS), aseguró que aunque la cantidad de recursos que recibe anualmente para operar se otorga a discreción del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es autónoma, afirmando que nunca ha recibido señalamientos de parte de las autoridades por emitir recomendaciones a sus dependencias.
“En cuestión de actuación y en cuestión de patrimonio propio sí somos autónomos, aunque igual que el propio congreso, igual que el tribunal, igual que cualquier otra dependencia, sí dependemos económicamente del gobierno, porque es la ruta por donde llega el dinero y es la forma en que se aprueban los presupuestos”.
Esto luego de que el diputado Camilo Torres Mejía, presidente de la comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, indicara que la CEDH realmente no funge como un organismo independiente, al considerar que es momento de reformar la ley en la materia y adelantar que presentará una iniciativa para dotar de verdadera autonomía a la institución.
De la Toba Camacho detalló que la comisión recibió este año un presupuesto de 7.5 millones de pesos, y dio a conocer que en 2017 solicitará 9.5 millones de pesos, a fin de contar “cuando menos con un avance en materia presupuestal y cumplir medianamente con las necesidades”, destacando que el 93 por ciento de sus recursos se destina a pago de nómina.
En este tenor, el ombudsman consideró necesario legislar para que los recursos de la CEDH se otorguen como obligación y bajo una cantidad específica y no discrecional, sin embargo insistió en que las acciones de la institución no se ven supeditadas por las opiniones o intereses de los gobiernos.
Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la CEDH en BCS
“No he recibido algún llamado ni tampoco he recibido alguna presión por parte del gobierno”, dijo por último, recordando que durante el último año de la administración que lo precedió se emitieron únicamente seis recomendaciones, mientras que de febrero a diciembre de 2015, año en que ingresó a la comisión, se formularon 12 recomendaciones, mientras que este año ya suman 10 y espera cerrar el ciclo con hasta 20 procesos.
