“Nuestro estado cuenta con las riquezas naturales listas para ser explotadas”: Barroso
La Paz, Baja California Sur.- “Votaré a favor”, adelanta el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ricardo Barroso Agramont, al referirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), que se discute en estos momentos en el Senado de la República pero que ya ha sido firmado por el Gobierno de la República, considerando que “Baja California Sur está en un lugar privilegiado” para beneficiarse de este tratado internacional.
“El día de hoy estamos discutiendo estos temas en el seno del Senado de la República, ya que no podemos estar o arrancar en desventaja con temas como el agro, como la manufactura, como la generación de materias primas; si bien tenemos que actualizarnos y ser competitivos en la firma de este gran acuerdo, también tenemos que arriesgarnos a estar a la altura de los países de primer mundo […] Baja California Sur está en un lugar privilegiado, por su cercanía marítima que tiene con los distintos puertos del mundo, a través de su ventana con el Océano Pacífico, nuestro estado cuenta con las riquezas naturales listas para ser explotadas, para serlas aprovechadas responsablemente, con el tema de materias primas, con el tema de una minería sustentable, son el tema de extracción y producción de sal”.
Hay que recordar que el también senador priista Isaías González Cuevas ha dicho que votará a favor del ATP, opinando que a través de éste “vamos a poder tener más oportunidad de estar inmersos en la globalización”, pues hoy en día “ya no se puede estar aislados”, dice, “entonces en este tipo de convenios debe estar México”.
Pos su parte, Rodrigo Guerrero Rivas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur (BCS), ha señalado que la “ventaja geográfica” de la entidad sólo podrá ser aprovechada en este tratado “si somos capaces de alinear toda la parte legal, toda la parte normativa, toda la parte de acuerdos, toda la parte de tratados, toda la parte de convenios”, pues de otra forma sería igual a “morder más de lo que uno puede masticar”.
Armando Sánchez Porras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz, piensa que “a nivel local, un acuerdo de esta naturaleza puede traer beneficios importantes”, tomando en cuenta que “en la medida en que nos abramos y también tengamos mayores contactos o mayores socios comerciales tenemos la posibilidad de tener más flujo de turismo y también más flujo de posibles inversionistas”.
La Cámara de Comercio Americana en México (Amcham) ha dicho que antes de aprobar el ATP, el cual tomó 5 años para que llegara a donde está hoy, es necesario contar con una mejor conectividad para el movimiento de mercancías internacionales, mayor seguridad, mejor educación y capacitación a la población, además de garantizar el estado de derecho.
Asimismo, expertos, como el lingüista, activista y analista político estadounidense Noam Chomsky, aseguran que ATP busca poner “en competencia entre sí a los trabajadores de todo el mundo para bajar los salarios y aumentar la inseguridad”. Chomsky ha declarado a diarios como The Huffington Post que gran parte de las conversaciones que se llevan a cabo en los acuerdos del ATP están fuera del comercio, centrándose en “imponer nuevas normas de propiedad intelectual en el extranjero y aumentar el poder político de las empresas”. Además, aunque el acuerdo prevé eliminar aranceles para los servicios y mercancías entre los países participantes, se dice que bloqueará, a las compañías que no sean de Estados Unidos (EEUU), el acceso al mercado de fármacos contra el cáncer, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y afecciones del corazón.
El senador sudcaliforniano Ricardo Barroso dice que “con gran apoyo de la federación, con gran voluntad de los sudcalifornianos y con gestión del Gobierno del Estado, estaremos en las mejores condiciones de competir rumbo al próximo acuerdo transpacífico”, el cual no entrará en vigor sino después de procesos legislativos en cada país para que sea ratificado, y en el caso de México será al Senado de la República quien haga el análisis y otorgue la aprobación correspondiente. De no lograrse la ratificación del acuerdo por los doce países que lo negociaron –México, EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam-, inicia un término de 2 años, contados a partir de su firma, y si en ese tiempo es aprobado en seis países que acumulen 85 por ciento del producto interno bruto (PIB) de todo el grupo, será aprobado.
México podrá acceder a 6 mercados con los que no ha mantenido tratados comerciales antes –Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam-, que en conjunto significan 155 millones de potenciales consumidores. La población total de los países miembros de la unión sería de unos 800 millones de personas y su PIB alcanzaría un 40 por ciento del índice mundial.
