Reactivan proceso judicial contra Julio César Valencia Lares
La Paz, Baja California Sur.- El mediodía del 9 de junio de nueva cuenta la presencia de policías y actuarios regresaron a las Allende entre Revolución y Serdán para llevar a una dirigencia en contra del empresario Julio César Valencia Lares, involucrado en diversos actos que pudieran constituir un delito.
En esta ocasión la presencia de las actuarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Baja California Sur (BCS) fue para llevar a cabo un “cambio de depositario” sobre un vehículo “Hummer”, el cual quedó embargado cuando Valencia Lares decidió no pagar la renta de un local que tuvo para su goce y beneficio por casi 5 años.
De acuerdo con el abogado del ofendido, procedieron contra Valencia Lares con una demanda especial de desahucio, y aunque todo se ha llevado por la vía legal, han encontrado resistencia por parte del demandado para cumplir con los mandatos de la autoridad.
Los licenciados Félix Luna Juárez y Miguel Herrera Martínez, identificadas como abogados y/o asesores de Valencia Lares se negaron a entregar la camioneta, misma que sacó una mujer del edificio del demandado, quien no quiso identificarse ni hacer entrega formal del vehículo.
El proceso judicial en contra de Valencia Lares no causaría revuelo de no ser que se trata del mismo empresario que constantemente cambia de razón social para evadir al fisco y realizar pagos obligatorios a sus trabajadores.
Con diversas denuncias ante la PGR y PGJE se sumó una más cuando el primero de octubre de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo el aseguramiento precautorio de 740 kilogramos de carbón vegetal de mezquite en la bodega propiedad de la persona señalada -ubicada en calle Ignacio Allende 265 casi esquina con Aquiles Serdán- debido a un reporte ciudadano.
Asimismo, por las anteriores irregularidades y señalamientos, empleados y exempleados de Julio César Valencia Lares exigen a la PGR, PGJE, IMSS y SAT iniciar un proceso exhaustivo de investigación por abusos laborales, evasión de impuesto y otros delitos que pudiera surgir, además de las amenazas que mantiene en contra de su personal si revelan datos confidenciales.