El pasado primero de octubre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó, ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para modificar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Se trata, quizá, de la propuesta legislativa más relevante de lo que va de su administración y de una gran trascendencia para nuestro país.

De acuerdo a la presentación realizada por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esta reforma constitucional busca: “rescatar” y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar la seguridad energética y eléctrica, así como ofrecer a la población menor costo y mayor acceso a la electricidad.

Con esta reforma se estaría desapareciendo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, desaparecerían las filiales de la CFE para dar paso a ésta como el único ente regulador y encargado de la generación, transmisión y distribución de electricidad, es decir un monopolio.

Las posturas frente a lo que se ha denominado la “contra reforma energética” han sido diversas y la gran mayoría adversas. Han manifestado su apoyo los legisladores de Morena, acompañados de un silencio cómplice de sus aliados, Verde y Partido del Trabajo, el PAN, PRD y MC se han pronunciado abiertamente contra, mientras que el PRI, en una postura ambigua, ha dicho que harán una consulta para recabar opiniones.

En este sentido, el presidente ha lanzado un “anzuelo” o más bien un dardo envenenado para presionar el apoyo y acompañamiento de los legisladores del PRI en esta reforma.  Ha sentenciado que es la “oportunidad histórica” para que el priísmo defina de qué lado están. Por un lado, los arrincona y compara con Carlos Salinas de Gortari y por otro, pretende ubicarlos 80 años en el pasado al colocarlos del lado de Lázaro Cárdenas.

Esta propuesta de reforma, sin duda, seguirá generando comentarios y reacciones en todos los ámbitos, en el económico, el legal, en materia de medio ambiente, en el propio sector energético y por supuesto en lo político.

En cuanto al medio ambiente los expertos han señalado que se dejarán de utilizar energías limpias y renovables, que la utilización de más combustóleo tendrá como consecuencia mayor contaminación y que nuestro país dejará de cumplir con acuerdos adquiridos en relación al cambio climático.

En el aspecto económico se prevé que se pudieran dañar las finanzas públicas, que suban las tarifas eléctricas o que se tengan que subsidiar. Perderemos inversión en el sector y se vería afectada la competitividad. En lo legal se dejarían de cumplir con una serie de acuerdos internacionales y compromisos jurídicos que de acuerdo a algunos cálculos podrían tener un impacto de alrededor de 80 MMD.

Todos estos aspectos tendrán que ser analizados por los expertos y, tomados en cuenta y discutidos por los legisladores de las diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, un aspecto relevante es precisamente el llamado que hace el presidente para aprovechar y definir el momento histórico de los partidos y en concreto, del Partido Revolucionario Institucional. Hacia ese instituto político va dirigido el coqueteo, chantaje o la advertencia presidencial. Los necesita y al mismo tiempo los quiere terminar de dividir y desaparecer.

El presidente sabe que no cuenta con la mayoría calificada para la aprobación de su propuesta y bajo esa circunstancia ha salido a la caza del número necesario de legisladores que permitan que su proyecto avance.  Para lograrlo recurre al chantaje y a la presión política, veremos si los legisladores del PRI están a la altura de las circunstancias o ceden ante las advertencias y presiones del poder presidencial.

Los legisladores priístas tendrán que votar un tema trascendente primero, para el país y la ciudadanía que les dio su confianza y, segundo para garantizar, con su posición opositora, el sano equilibrio de poderes. Esperemos que, por el bien de México, se actúe con honor y altura de miras. En sus manos está la responsabilidad histórica de no permitir un salto al pasado y el freno al desmantelamiento de las instituciones y violaciones al estado de derecho.

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