Este 20 de septiembre habrán reanudado clases presenciales, de manera obligatoria, más de 150 mil estudiantes en nuestro estado. Esta decisión generó controversia y reacciones en contra que van desde los padres de familia, los maestros y los trabajadores de la educación hasta el mismo gobernador del Estado quien parece haberle corregido la plana a la secretaria de Educación Pública, Alicia Meza.

Lo anunciado por la Secretaria ha generado inconformidad por la obligatoriedad del regreso a las aulas dejando a un lado la modalidad a distancia o en línea, esto ante una pandemia que no ha llegado a su fin y que sigue arrojando altos contagios en diversos sectores de la población.

Si bien es cierto que, lo deseable es que las clases presenciales se reanuden y que podamos iniciar una nueva normalidad en donde los estudiantes puedan no solo recibir clases, sino que estén en un ambiente favorable para su desarrollo integral, ha hecho falta mandar un mensaje de confianza y seguridad antes del inicio de estas actividades. Los padres de familia han expresado su genuina preocupación por la salud de sus hijos y los maestros han manifestado reacciones de molestia por la amenaza de que podría haber sanciones en caso de que no se presenten en esa fecha.

Surgen así varias interrogantes, cuántas escuelas cuentan con la infraestructura adecuada para iniciar con la modalidad presencial; cuántos alumnos habrá por grupo; que medidas y protocolos sanitarios habrán de llevarse a cabo; quién dotará a las escuelas, maestros y alumnos de las herramientas y equipo necesario para sus cuidados; cuántos maestros cuentan ya con la vacuna; qué plan de contingencia se tiene en caso de un brote de contagio en las escuelas; los alumnos serán vacunados y cuándo se llevaría a cabo esto; este tipo de preguntas y algunas otras consideraciones han generado incertidumbre ante la decisión tomada.

Y es que el tema no es algo menor, casi 140 mil alumnos de educación inicial, especial y básica estarán regresando a la modalidad presencial con toda la complejidad que esto implica. A esta cifra habría que sumarle más de 30 mil estudiantes de educación media superior.  El regreso a clases implica la movilización no solo del sector educativo y estudiantes sino todo el aparato que gira en torno a este aspecto, por ejemplo, el transporte público, solo por mencionar un rubro que tendrá cambios y consecuencias.

Es verdad que el regreso a clases se está dando a nivel nacional y en todas las entidades federativas, sin embargo, la estrategia implementada ha sido una reincorporación gradual con la posibilidad de que los alumnos, que así lo deseen, puedan continuar recibiendo la impartición de clases en línea.

La toma de decisiones en la función pública implica tener en cuenta una serie de factores y conocer a profundidad la realidad y el impacto que tendrán en el sector al que van dirigidas.  En este caso, el regreso a clases hace necesaria la revisión de la situación sanitaria que vive el país y más aún Baja California Sur.  Por otro lado, una decisión de este alcance debería de contar con el conceso de quienes participan de sus implicaciones.

Estamos ante la tercera ola de la pandemia, el coronavirus sigue sin dar tregua y su variante Delta es mucho más contagiosa y agresiva.  Hasta el mes pasado había más de 60 mil contagios entre niños y adolescentes en todo el país. La cifra de defunciones estaba por alcanzar los mil casos.  En lo local hay más de 15 mil niños y jóvenes contagiados por el COVID-19.

Con la decisión dada a conocer se advierte una falta de sensibilidad y ausencia de una estrategia de comunicación y protocolos para el regreso a clases.  Esperemos que no sea el sello de la casa y que se tomen las medidas requeridas para un tema tan delicado como la salud y la vida de miles de niños y adolescentes en nuestro estado.

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