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Desde que se dio el boom económico y turístico del estado de Baja California Sur, principalmente del municipio de Los Cabos en la década de los ochentas, el acceso libre a las playas así como el respeto al medio ambiente por parte de los desarrolladores se han vuelto temas constantes.

La reglamentación de la propiedad de nuestras playas se fundamenta en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Bienes Nacionales, entre otras normas.

Esta última Ley, si bien fue promulgada desde las primeras décadas del siglo pasado, ha tenido un sinnúmero de reformas y modificaciones, en su mayoría benéficas para el acceso y conservación de las playas del país. También existen las Leyes de Aguas Nacionales, General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de Pesca y Acuacultura Sustentables y Federal del Mar.

Han existido otros intentos por reforzar, complementar y secundar esta reglamentación. Por ejemplo, en junio de 2013 legisladores del Partido Verde Ecologista de México propusieron una iniciativa para expedir una nueva Ley de Playas.

En ella se establecen algunos conceptos como el de “Playas de uso turístico” para referirse a aquellas zonas donde el impacto de este rubro es mayor, como es el caso de muchas playas en nuestra entidad. Esta conceptualización permitía a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, asignar esta categoría y otras más a las playas del país, con la finalidad de clasificarlas y poder aplicar distintos criterios, pero siempre apegados a la ley.

Esto favorecería ordenar aún más el comercio y la prestación de servicios en estas playas, así como prevenir la extralimitación de los concesionarios como restaurantes y clubes de playa, ya que la ley también asignaba mayor vinculación de las autoridades de vigilancia y de sanción.

Dicha iniciativa no fue aprobada como tal, sin embargo se han tenido avances interesantes, como lo fue un decreto publicado por el gobierno federal el 21 de octubre de 2020, donde se adicionan disposiciones especiales a la Ley de Bienes Nacionales, para garantizar el libre tránsito en todas las playas, más allá de la existencia o no de concesionarios.

En cuanto a la conservación y limpieza de dichas playas, el gobierno federal mantiene convenios con los ayuntamientos donde estos se encargan del mantenimiento de algunas zonas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). A cambio de ello, los gobiernos municipales pueden cobrar algunos derechos sobre estas  áreas.

Como podemos observar, existe una legislación amplia en materia de acceso y conservación de playas. No obstante, son recurrentes los casos en Baja California Sur donde desarrolladores, concesionarios o particulares en lo general, pretenden violentar dichas normas. En gran parte de los casos, es la misma ciudadanía y la presión social, lo que obliga a las autoridades competentes a actuar en la materia. Esto sucede porque a veces, al no existir denuncia previa, no existen métodos eficientes en algunas áreas gubernamentales para poner un límite a quienes pretenden adueñarse de las playas.

La propuesta nuestra radica en retomar la iniciativa de la Ley de Playas, donde puedan establecerse aún más criterios de conservación, acceso, limpieza y respeto a estas áreas que debemos de cuidar y proteger para las próximas generaciones.

Debemos estar en la búsqueda permanente de esos vacíos o lagunas legales que en ocasiones son aprovechados por los desarrolladores, para poder ir reformando la ley haciéndola más útil y verdaderamente aplicable.

Busquemos también mecanismos para hacer más sencilla la denuncia ante instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre violaciones a la ley, ya que hoy en día existe poco conocimiento ciudadano sobre cómo denunciar.

Otorguemos más facultades a las Direcciones Municipales de Seguridad Pública y de Ecología, para prevención, vigilancia y sanción de aquellos que contaminen, invadan o limiten el uso de nuestras playas.

Mucho hay por hacer y por legislar, continuemos en la tarea permanente de la protección de nuestras playas a través de la ley y convoquemos a nuestros legisladores para que así lo hagan.

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