En las últimas semanas hemos venido observando que el discurso en contra de nuestras instituciones democráticas, léase Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ha venido recrudeciendo por parte del Ejecutivo Federal y de los partidos Morena y del Trabajo (PT).  Un discurso consistente y sistemático que, si bien no debería sorprender, sí debería preocuparnos como mexicanos.

Nuestras instituciones encargadas de velar por la democracia nos han dado gobernabilidad y paz pública; nos han garantizado elecciones limpias y transparentes; han garantizado la competencia entre las diferentes fuerzas políticas; han permitido alternancia en los gobiernos; han velado por las garantías y derechos de los ciudadanos.  En este sentido, deberíamos estar pensando en cómo fortalecerlas y no cómo desaparecerlas o disminuirlas.

Tanto el INE como el propio TEPJF son nuestros orgullos y ejemplos a nivel internacional. Los mexicanos, de manera paulatina y progresiva, nos hemos dado instituciones y procedimientos electorales que nos han llevado a tener elecciones libres y una verdadera competencia electoral que ha hecho que tengamos un mosaico de la expresión político – social y una representación genuina y válida de la voluntad popular en cada una de sus manifestaciones.

Pretender implementar una reforma sin tomar en cuenta a las diferentes fuerzas políticas del país, a los expertos en la materia, a los legisladores de todos los partidos, y más aún a la expresión ciudadana, resultará un verdadero despropósito y un retroceso que dañará nuestro avance en materia democrática.

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Las reformas electorales en nuestro país han sido progresivas y siempre con miras de fortalecer nuestra democracia, así desde 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996 y hasta llegar a la última de gran calado de 2007; con las adecuaciones a nuestra Constitución y leyes secundarias se ha logrado consolidar la autonomía de las autoridades electorales, la ampliación de los derechos de los ciudadanos, el perfeccionamiento de los procedimientos del sistema electoral y, finalmente, hacer más equitativas las condiciones para la contienda electoral.

La reforma anunciada recientemente por el senador Ricardo Monreal ha puesto en la mesa los cambios que tratarán de lograr los legisladores del partido Morena.

Buscarán renovar totalmente a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF, así mismo están planteando la disminución del número total de consejeros y magistrados. Plantea la propuesta que sean los propios partidos quienes lleven a cabo su propia fiscalización; actualmente es el Instituto el encargado de revisar y auditar a los partidos. La presidencia del INE tendrá que cambiar cada tres años. Un cambio significativo es la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLES), es decir los encargados de organizar las elecciones en los estados, municipios y distritos locales; con este cambio propuesto sería el propio INE el encargado de la organización y vigilancia de las elecciones locales.

Estoy a favor de que nuestros legisladores hagan una profunda revisión a la legislación electoral. Por supuesto que nuestro andamiaje electoral es mejorable y hay situaciones que corregir o actualizar; toda ley es perfectible.

Sin embargo, legislar con un propósito revanchista o, más aún, pretender hacer modificaciones para elegir un árbitro a modo y una legislación que en lugar de incrementar la competencia electoral tenga como consecuencias reglas que sean inequitativas, sería un grave retroceso.

Los legisladores y nosotros como ciudadanos debemos estar alertas de que esta posible reforma no lesione la autonomía del INE y del TEPJF; sería una verdadera aberración que diéramos pasos en sentido contrario y que, bajo la premisa de que la democracia es muy cara, ahora sea, nuevamente, el gobierno quien organice y califique las elecciones. De ser así estaríamos, nada menos que ante la reinstauración del régimen de partido de estado.

La oposición no puede perder esta batalla: el partido Morena y sus partidos aliados no tienen el número suficiente para modificar la Constitución. Esperemos que los diputados y senadores estén a la altura que las circunstancias les exigen.

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