Al inicio de todo gobierno, ya sea por un periodo de seis o de tres años, debe plantearse una ruta a seguir con sus principales metas y objetivos, es decir un plan de gobierno con definiciones muy claras que le den un destino y sentido a la nueva administración, así como un mapa de navegación hacia dónde vamos como estado o como municipio, según sea el caso.

Para lograr lo anterior, es indispensable contar con un profundo conocimiento de nuestra historia, entendimiento de la actualidad y tener una visión de futuro muy clara para darle rumbo al proyecto político, social y económico que se quiere y que se requiere como estado.

Baja California Sur tiene grandes retos que tendrán que enfrentarse de manera inmediata por las administraciones que habrán de iniciar su gestión en unas semanas. Hay pendientes que deben atenderse y cambios que deben consolidarse para que nuestro estado siga creciendo y, al mismo tiempo, se generen mayores oportunidades para todos.

El gobernador electo ha dado muestras, al menos en sus primeros mensajes, de civilidad y urbanidad política, imprimiendo así un primer esbozo de su esquema de gobierno. Un llamado a la reconciliación y a la unidad de los sudcalifornianos, por un lado, y un mensaje de que en su equipo de trabajo estará lo mejor es un buen inicio y será tarea de la sociedad velar por que así sea.

Sin duda alguna, el inicio de la nueva administración estatal tendrá dos grandes retos. Primero, preservar el clima de seguridad que vivimos hoy en día debe ser no sólo una de las principales señales, sino una exigencia de parte de quienes vivimos en este estado. En esta materia no podemos permitirnos ningún retroceso sino lo contrario: los tres niveles de gobierno deberán continuar trabajando para conservar la paz y tranquilidad que hoy disfrutamos.

El segundo reto será el combate a la pobreza y la promoción del desarrollo social. Hoy, de acuerdo a los más recientes datos dados a conocer por el Coneval, en Baja California Sur hubo un incremento importante de la pobreza en los dos últimos años.

En el reporte de la medición multidimensional de la pobreza 2018 – 2020, la pobreza aumentó en un 58%, lo que significó que más de ochenta mil personas ingresaran a esta condición. Es decir, de haber 141 mil sudcalifornianos dentro de los criterios de pobreza antes de 2018, dos años después la cifra aumentó a más de 220 mil.

De manera específica la pobreza moderada reflejó un crecimiento de 51%, esto es, casi 70 mil personas, y la pobreza extrema tuvo un incremento de poco más del 163%, o sea que pasamos de tener 9 mil personas en esta condición a más de 23 mil. Números nada alentadores que exigirán dedicación, voluntad y talento para lograr que las condiciones de vida mejoren para quienes más lo necesitan.

Si bien es cierto que el crecimiento de la pobreza aumentó a nivel nacional en más o menos 4 millones de personas, el combate y atención en este rubro debe ser primordial tanto para la administración estatal como para las municipales; las políticas públicas y acciones en esta materia deben de ser implementadas de manera inmediata y coordinada entre las tres instancias de gobierno con el acompañamiento del sector empresarial y los demás segmentos de la sociedad.  Es importante frenar esta espiral y revertir sus efectos.

La pandemia vivida en estos casi dos años ha disminuido el ingreso per cápita de la población, pero también es cierto que las políticas públicas implementadas en materia de desarrollo social no han logrado los resultados planteados, por lo que será necesario una verdadera revisión y corrección de aquello que no está funcionando. De no hacerlo así, estaremos condenando a miles de personas a estar en condiciones de pobreza sin oportunidades para progresar y acceder a una vida más digna.

El reto para los nuevos gobiernos será atender y poner en práctica acciones específicas en materia de educación, salud, alimentación, así como fortalecer los ingresos reales de las familias.

Esperemos mejores resultados por el bien de Sudcalifornia.

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